#Michoacán Vocero Del Consejo Supremo Indígena Denuncia Amenazas De Muerte

STAFF/ Marina Alejandra Martínez

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) denunció públicamente que su portavoz, Pavel uzmán Ulíánov, ha sido blanco de una nueva ola de amenazas de muerte. Esta vez, a través de mensajes telefónicos y videograbaciones.

Además, acusan una campaña financiada y deliberada de difamaciones y calumnias, orquestada, según el organismo, por partidos políticos y ayuntamientos.

En rueda de prensa, Guzmán Ulíánov expuso que desde finales de abril circula una ofensiva en redes sociales que busca desprestigiarlo a él y al CSIM, socavando la legitimidad de los pueblos que luchan por la autodeterminación, el autogobierno y el presupuesto directo.

«La autonomía indígena ha echado raíces, y eso incomoda a quienes ven amenazados sus privilegios», sentenció el vocero, en referencia a los 45 autogobiernos que ya operan en el Estado.

La organización exigió medidas inmediatas para salvaguardar la integridad física y emocional de Guzmán Ulíánov, su familia y los integrantes del CSIM. Además, pidió una investigación exhaustiva, imparcial e independiente que identifique a los responsables y los someta a la justicia.

Los ataques contra el vocero no son nuevos, desde 2016 ha recibido advertencias de desaparición si persistía en su respaldo a las causas indígenas. En 2023, volvió a ser objeto de intimidaciones, razón por la cual fue incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

Los actos de hostigamiento han recrudecido en semanas recientes, con amenazas que buscan forzar su desistimiento en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Además, el Consejo reveló que otros tres de sus miembros también se encuentran bajo amenaza.

La violencia no es nueva en la historia familiar del vocero.

El CSIM recordó que entre 1974 y 1976, cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz fueron desaparecidos por agentes del Estado mexicano durante la “guerra sucia”.

Ese caso se encuentra pendiente de resolución en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).