Bajo La Lupa: La Ley no se toca

Escribe: Armando Saavedra Magaña

La línea política que no quieren mirar

El peso de una acusación mediática

¿Montaje o negligencia? El doble rostro del poder

Miscelánea política

Una cosa es el luto, otra el desorden. Condeno sin ambages el asesinato del presidente municipal de Uruapan, CARLOS ALBERTO MANZO RODRÍGUEZ, como he condenado otros crímenes que ensombrecen a Michoacán. Pero lo ocurrido este miércoles 5 de noviembre en el Congreso del Estado no es un homenaje: es una violación flagrante al orden legal que nos rige.

La presidenta de la Mesa Directiva, ya conocida por su falta de pericia y reiteradas omisiones, permitió —o fue rebasada por— la toma de la tribuna por parte del diputado ALEJANDRO BAUTISTA TAFOLLA y la recién nombrada presidenta municipal sustituta, GRECIA ITZEL QUIROZ GARCÍA. Nunca antes un funcionario designado por el Congreso había usado la tribuna para emitir un mensaje político. Nunca, hasta ahora.

La escena fue inédita: simpatizantes del edil asesinado tomaron el recinto, algunos incluso armados, pese a las advertencias. La seguridad fue superada. La ley, ignorada. Y todo bajo el manto de la emotividad, como si el dolor justificara el atropello institucional.

Pero el caos no paró ahí. Durante la toma de protesta, la tribuna se convirtió en escenario de porras, consignas y una psicosis colectiva que pronto viró hacia el señalamiento directo contra el diputado CONRADO PAZ TORRES. Electo por el Movimiento del Sombrero, PAZ TORRES rompió con BAUTISTA TAFOLLA y con el propio MANZO, abandonando la fracción independiente para refugiarse en el PRD. La muchedumbre lo acusó de traidor, le lanzó objetos, y el dirigente estatal del PRD, OCTAVIO OCAMPO CÓRDOVA, tuvo que gestionar su salida clandestina por una puerta secreta del Palacio Legislativo para evitar que el linchamiento simbólico se volviera físico.

Lo que vimos no fue un acto de justicia ni de memoria: fue una muestra de que ciertos actores políticos, como el grupo “Del Sombrero”, están dispuestos a poner sus intereses por encima de la ley. Y eso, en cualquier democracia, es una señal de alarma.

Porque si en Michoacán empieza a normalizarse que “no vengan con que la ley es la ley”, entonces lo que se tambalea no es solo el Congreso: es la paz misma, casi perdida.

LA LÍNEA POLÍTICA QUE NO QUIEREN MIRAR

El asesinato de CARLOS ALBERTO MANZO no puede archivarse como otro expediente más de la violencia en Michoacán. Su hermano, JUAN MANZO —subsecretario de Gobernación estatal— lo dijo con claridad en entrevista: hay que agotar la línea política. Y esa frase es dinamita.

Porque CARLOS no era un actor menor. Tenía presencia mediática, aspiraciones a la gubernatura y encuestas que lo colocaban en la disputa. Sus adversarios estaban bien identificados: RAÚL MORÓN, LEONEL GODOY E IGNACIO CAMPOS. Tres nombres que no pueden quedar fuera de la investigación, aunque incomoden al poder.

La paradoja es brutal: rodeado de 26 elementos de seguridad, entre Guardia Nacional, municipales y escoltas personales, lo regresaron tres veces al mismo punto donde lo mataron. ¿Quién dio esa orden? ¿Quién insistió en que volviera para tomarse fotos? Esa es la pregunta que desnuda la fragilidad del dispositivo y abre la sospecha de complicidad.

JUAN MANZO lo dijo sin rodeos: también hay que investigar a los escoltas personales, muchos de ellos policías municipales de Uruapan. Entre ellos, el célebre “Vampiro”, con relaciones públicas y conocidas con la delincuencia. Si el círculo de seguridad estaba infiltrado, entonces no eran escoltas: eran el eslabón roto que abrió la puerta al crimen.

La reunión con CLAUDIA SHEINBAUM y OMAR GARCÍA HARFUCH llegó tarde. El reclamo es obvio: esa mesa debió tener a CARLOS vivo, no a su hermano. Y la respuesta institucional no puede ser un “fallamos todos”. Porque cuando se trata de un alcalde asesinado, fallar todos significa encubrir a alguien.

En esa tesitura, GRECIA QUIROZ asume la alcaldía de Uruapan con un dispositivo de seguridad que deberá ser estricto y sin concesiones. Pero la verdadera seguridad no está en los escoltas ni en los protocolos: está en la voluntad política de investigar hasta el fondo, sin blindar a nadie por sus cargos o sus alianzas.

La columna vertebral de este caso es clara:

1.La línea política debe investigarse sin concesiones.
2.El círculo de seguridad debe depurarse, empezando por quienes tienen vínculos públicos con la delincuencia.
3.La responsabilidad institucional no puede diluirse en frases de impotencia.

Si no se responde a estas preguntas, el asesinato de CARLOS MANZO quedará como otro crimen impune. Y Uruapan seguirá siendo el escenario donde política y crimen se confunden, hasta que alguien se atreva a separar las líneas y llegar al fondo.

EL PESO DE UNA ACUSACIÓN MEDIÁTICA.

El asesinato de CARLOS ALBERTO MANZO sigue dejando víctimas colaterales. No sólo fue el exalcalde de Uruapan quien cayó bajo las balas: también un joven inocente carga hoy con la condena pública de haber sido señalado como el autor del crimen. Una acusación mediática que lo ha destrozado.

Algunos medios, entre ellos El Universal, lo pusieron en la mira sin pruebas concluyentes. El resultado es devastador: perdió su trabajo, tuvo que esconderse, y vive bajo la amenaza de quienes lo ven como el homicida y hasta quieren asesinarlo. La justicia no lo ha condenado, pero la opinión pública sí. Y esa sentencia es más cruel que cualquier proceso judicial.

Aquí se revela otra falla institucional: la irresponsabilidad mediática. En un país donde la violencia es cotidiana, señalar a alguien sin sustento equivale a ponerle una diana en la espalda. No es periodismo: es linchamiento. Y cuando los medios se convierten en jueces, la verdad queda sepultada bajo titulares fáciles.

El caso MANZO exige tres líneas de investigación —seguridad, crimen organizado y móvil político—, pero también exige una cuarta: la responsabilidad de los medios. Porque mientras se busca a los verdaderos responsables, un joven inocente vive como prófugo de una mentira publicada.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿quién responde por la vida trastornada de este joven? ¿Quién asume el costo de haberlo señalado sin pruebas? El periodismo que acusa sin rigor no sólo traiciona su oficio: se convierte en cómplice de la violencia que dice denunciar.

En Uruapan, política y crimen se mezclan. Pero ahora también se mezcla la imprudencia mediática, que fabrica culpables y destruye vidas. Si no se corrige, el asesinato de CARLOS MANZO no sólo quedará impune: dejará una cadena de víctimas invisibles, condenadas por titulares y rumores.

¿MONTAJE O NEGLIGENCIA? EL DOBLE ROSTRO DEL PODER.

Mientras Michoacán llora el asesinato del alcalde CARLOS MANZO, la conversación nacional gira en torno a un video viral: el presunto acoso a la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM en plena vía pública. ¿Coincidencia? ¿Montaje? ¿Descuido? Las redes no perdonan y la sospecha se instala como sombra sobre el Palacio Nacional.

El incidente —captado en video y amplificado por millones de vistas en TikTok, YouTube y Facebook— muestra a un hombre acercándose a SHEINBAUM, tocándola y, según testigos, intentando besarla. La reacción fue inmediata: indignación, memes, teorías conspirativas. Algunos usuarios aseguran que se trata del mismo “actor” que ha aparecido en otros eventos similares con LÓPEZ OBRADOR. Otros apuntan al corte militar del agresor y lo vinculan con el Estado Mayor Presidencial. ¿Montaje para distraer del asesinato de MANZO? ¿Falla de seguridad? ¿Ambas?

Lo cierto es que el episodio ocurre en un país donde más de 30 mil personas mueren al año por violencia criminal organizada, donde hay al menos 150 grupos delictivos operando, y donde en lo que va de 2025 se han asesinado más de 50 actores políticos, incluidos varios alcaldes. En ese contexto, la decisión de SHEINBAUM de caminar sin escolta y mantener un esquema de seguridad mínimo no solo parece temeraria: raya en la negligencia institucional.

La eliminación del Estado Mayor Presidencial en 2018, sustituido por una “ayudantía” sin formación en seguridad, se vendió como gesto de austeridad y cercanía. Hoy, ese gesto se tambalea. El equipo que acompaña a la presidenta —encabezado por un operador político y conformado por excolaboradores de ZALDÍVAR— no logró impedir el contacto físico del agresor. ¿Y si no hubiera sido solo acoso?

Pero más allá del incidente, lo que indigna es el desplazamiento del foco público. El asesinato de CARLOS MANZO, alcalde de Uruapan, quedó relegado a segundo plano. La narrativa oficial se volcó al acoso, mientras la violencia estructural sigue sin respuesta. ¿Quién decide qué indigna más? ¿La agresión a la presidenta o el asesinato de un edil en una de las zonas más golpeadas por el crimen organizado?

La ciudadanía no es ingenua. Las redes lo gritan: “Montaje”, “Distractor”, “Revocación de mandato”. Y aunque no hay pruebas concluyentes de que el evento haya sido fabricado, el contexto político y mediático lo vuelve verosímil. En tiempos de polarización, la percepción pesa más que la evidencia.

La presidenta insiste en que “aislarse sería negar de dónde venimos”. Pero en un país donde caminar entre la gente puede costar la vida, esa frase suena más a romanticismo político que a estrategia de Estado. Gobernar no es posar para la historia: es protegerla.

MISCELÁNEA POLÍTICA.

Como estoy convencido de que mi amigo PACO GARCÍA DAVISH Director General de la agencia Quadratín maneja información de primera, tengo la seguridad de que de un momento a otro, se dará el relevo del secretario de seguridad pública estatal, de manera que JUAN CARLOS OSEGUERA CORTÉS, entregará la estafeta a un nuevo secretario de seguridad pública, el que seguramente vendrá de la secretaría de seguridad pública federal que dirige OMAR GARCÍA HARFUCH, como una jugada, para que el gobierno federal se responsabilice de la seguridad estatal. A ver si cuaja la jugada. Pero lo que si es cierto, la agresión a la periodista DALIA VILLEGAS, fue la gota que derramó el vaso.

MOCHE. Morena aprobó una reserva del PT para que del recurso para el sector Educación se destine claramente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 828 millones de pesos para sus guarderías. Así los pagos a los aliados. Recordemos, el Partido del Trabajo (PT) en México administra principalmente una red de 80 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) a nivel nacional.