Bajo La Lupa: El fenómeno «Quiroz» y la curva de desgaste

Escribe: Armando Saavedra

Plan Michoacán: Sin Dinero, Sin Fecha, Sin Sustento
Sheinbaum En La Boleta: ¿Revocación O Estrategia Electoral?
La Casa De Los 200 Millones (Y El Silencio De La Contraloría)

El sondeo de Poligrama coloca a GRECIA QUIROZ DE MANZO en un escenario inédito: con 43.4 % de las preferencias electorales se ubica por encima de RAÚL MORÓN (30.5 %), ALFONSO MARTÍNEZ (14.9 %) y CARLOS HERRERA TELLO (5.4 %). Una viuda sin afiliación partidista, recién nombrada alcaldesa de Uruapan, aparece como puntera en la carrera por la gubernatura de Michoacán. El dato es contundente, pero exige matices.

La encuesta se sostiene en una muestra de 1,000 entrevistas telefónicas, con un margen de error de 3.1 % y un nivel de confianza del 95 %. Metodológicamente es aceptable, aunque limitada en representatividad territorial y sociodemográfica. El hallazgo central es que la ventaja de QUIROZ sobre MORÓN es estadísticamente significativa, pero no necesariamente sostenible en el tiempo.

El archivo de Strategik sobre el caso MANZO confirma la otra cara de la moneda: la conversación mediática explotó con más de 1 millón de menciones y 4.4 mil millones de impactos el 3 de noviembre, alcanzando un acumulado de 28.8 mil millones diez días después. Sin embargo, la curva descendió abruptamente: del pico inicial a apenas 25 mil menciones en la tercera fase, una caída del 97.5 %. El fenómeno fue viral, pero efímero.

La narrativa dominante en redes fue 73 % negativa, marcada por indignación social, acusaciones de omisión institucional y críticas al gobierno de Morena. El tono positivo apenas alcanzó el 2 %, centrado en homenajes y legado. Es decir, la popularidad de QUIROZ no se explica por su gestión, sino por el capital simbólico de CARLOS MANZO como “líder valiente” y “símbolo de resistencia”.

Aquí emerge el dilema: ¿puede GRECIA QUIROZ sostener un 40 % de intención de voto hasta junio de 2027? Gobernar Uruapan, con presencia de CJNG, Viagras, Templarios y otros grupos, implica un desgaste acelerado. La caída del alcance mediático confirma que la narrativa de duelo y resiliencia ya entró en fase descendente. Sin estructura partidista, financiamiento y maquinaria territorial, su ventaja inicial corre el riesgo de diluirse.

El escenario optimista plantea que QUIROZ logre transformar la memoria de MANZO en proyecto político, con resultados tangibles en seguridad y gobernanza. El realista advierte que la popularidad se reducirá conforme avance el desgaste del poder municipal. El adverso anticipa que una crisis de seguridad podría erosionar su imagen y convertirla en un fenómeno coyuntural.

La encuesta y el archivo coinciden en un punto: GRECIA QUIROZ es hoy un símbolo, no una estructura. Su reto es institucionalizar ese apoyo ciudadano antes de que la curva del desgaste la alcance.

PLAN MICHOACÁN: SIN DINERO, SIN FECHA, SIN SUSTENTO.

El “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” fue anunciado con bombo y platillo el 9 de noviembre de 2025. Se habló de más de 57 mil millones de pesos para seguridad, bienestar, infraestructura y empleo. Pero al revisar los documentos que importan —el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, el recién aprobado PEF 2026 y el primer informe de gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM— la realidad es otra: no hay dinero nuevo ni extraordinario para el plan.

¿Cuándo empezó el plan? Buena pregunta. El anuncio fue en noviembre, pero no se fijó una fecha de inicio operativa. No hay decreto, no hay publicación en el DOF, no hay calendario. Lo que sí hubo fue narrativa: despliegue de la Guardia Nacional, ferias de empleo, promesas de inversión. Todo eso arrancó con lo que ya estaba presupuestado.

¿Y con qué dinero? Durante noviembre y diciembre de 2025, el plan se ejecuta con recursos del PEF 2025, ya aprobado desde el año anterior. No se creó ningún fondo nuevo. Las acciones inmediatas —seguridad, empleo, atención a víctimas— se pagan con lo que ya estaba etiquetado en los ramos 36 (Seguridad), 20 (Bienestar), 14 (Trabajo) y 04 (Gobernación).

Para 2026, el plan presume 37,450 millones de pesos en becas y programas sociales para 1.5 millones de michoacanos. Pero esos recursos ya están contemplados en el PEF 2026, aprobado por la Cámara de Diputados. No son nuevos. Son parte del gasto social federal que se ejecuta en todo el país. Michoacán no recibe más: recibe antes.

¿Qué dice el comparativo? De observar la gráfica anterior, podemos concluir: No hay una sola partida nueva creada ex profeso para Michoacán. No hay ampliación presupuestaria para seguridad estatal. No hay registro de proyectos nuevos en la cartera de inversión federal. Lo que hay es reorientación operativa, focalización territorial y narrativa política.

El Plan Michoacán no es un nuevo presupuesto. Es una estrategia de ejecución con recursos ya etiquetados. No hay dinero fresco. Hay promesas recicladas. Y lo que falta —convenios firmados, claves programáticas, proyectos registrados— no está. Lo que urge no es más discurso, sino más ejecución. Porque sin reglas de operación, sin padrones transparentes y sin seguimiento público, el plan es solo eso: un plan.

SHEINBAUM EN LA BOLETA: ¿REVOCACIÓN O ESTRATEGIA ELECTORAL?

Morena impulsa en la Cámara de Diputados una reforma para que la revocación de mandato presidencial coincida con las elecciones intermedias de 2027. La iniciativa, promovida por el diputado ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, propone modificar el artículo 35 para que la consulta se realice el primer domingo de junio de 2027, junto con la renovación de la Cámara de Diputados y gubernaturas locales.

Los argumentos oficiales hablan de eficiencia y ahorro: según los promotores, unificar ambos procesos ahorraría cerca de 5 mil millones de pesos en logística y operación electoral. En apariencia es un argumento técnico plausible; en la práctica política el efecto es claro y directo: meter la figura presidencial en la boleta intermedia colocaría la imagen de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM como factor movilizador y de arrastre para los candidatos de Morena en todo el país.

La oposición no tardó en denunciar la maniobra. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano calificaron la propuesta como un “madruguete” destinado a instrumentalizar la revocación con objetivos electorales, y solicitaron frenar la discusión hasta que se clarifiquen las consecuencias institucionales y constitucionales de adelantar el referendo presidencial. Incluso en Morena hubo cautela táctica: la discusión fue suspendida temporalmente para buscar consensos internos y perfilar mejor la agenda legislativa.

Más allá del relato —ahorro versus eficiencia— hay tres puntos que conviene subrayar y que vuelven la propuesta problemática desde la óptica democrática.

1.Confusión de instrumentos. La revocación de mandato fue diseñada como un mecanismo extraordinario de control democrático, calibrado para cuando el mandato está avanzado; convertirla en un apéndice de la contienda electoral pervierte su lógica y la transforma en estrategia de campaña en vez de instrumento de rendición de cuentas.

2.Ventaja asimétrica. Poner la figura presidencial en la boleta en medio de una elección legislativa y local genera un sesgo de arrastre —arrastre mediático, operativo y de percepción— que beneficia al partido en el gobierno. No se trata de ilegalidad automática, sino de una ventaja política que modifica el terreno competitivo y la ecuación de incentivos para electores y actores locales.

3.Riesgo de erosión institucional. Normalizar el uso electoral de figuras institucionales y de mecanismos de control político debilita la separación entre gestión pública y competencia electoral. La revocación, si se instrumentaliza, deja de ser herramienta de rendición para convertirse en arma de movilización permanente.

Queda la pregunta de fondo: ¿busca Morena una reforma para optimizar recursos o para convertir un plebiscito de mandato en una herramienta estructural de contienda? La respuesta —por la narrativa, el timing y la resistencia política— apunta más a la segunda opción. El propio despliegue de la iniciativa, sus defensores y las reacciones en el Congreso lo sugieren con claridad.

Si la reforma avanza, la discusión pública debe exigir reglas claras: calendarios transparentes, neutralidad efectiva de órganos electorales, límites a la propaganda vinculada al ejercicio revocatorio y salvaguardas contra el uso administrativo de recursos públicos con fines de promoción. Sin estas garantías, la supuesta “eficiencia” fiscal se pagará con la integridad del proceso electoral.

La política puede razonar con costos y beneficios; la democracia exige, además, principios. Adelantar y empalmar la revocación con las elecciones de 2027 puede ahorrar dinero en papel, pero corre el riesgo de gastar la legitimidad de la institución democrática en el proceso.

LA CASA DE LOS 200 MILLONES (Y EL SILENCIO DE LA CONTRALORÍA)

En Michoacán, donde los escándalos se reproducen como hongos en temporada de lluvias, el caso de CÉSAR AUGUSTO OCEGUEDA ROBLEDO —consejero jurídico del gobierno estatal— se volvió viral por una cifra que parece sacada de un guion de ciencia ficción: una casa de 200 millones de pesos, pagada al contado, según su declaración patrimonial.

¿El problema? No solo el monto, sino la matemática imposible. El inmueble, adquirido en 2013 a la empresa Creación e Innovación de Espacios Sustentables S.A. de C.V., está asentado en un terreno de 80 m² con construcción de 90 m². Eso arroja un valor de más de 2.2 millones por metro cuadrado. ¿De qué está hecha esa casa? ¿Titanio, oro, o puro error administrativo?

La imagen oficial de la declaración patrimonial sí consigna un valor de adquisición de 200 millones de pesos, lo que obliga a la Secretaría de la Contraloría a aclarar de inmediato si se trata de un error de captura, una omisión de contexto, o una cifra real que requiere explicación.

Porque además, la segmentación del documento no permite saber si OCEGUEDA recibió recursos por herencia, lo cual sería relevante considerando el fallecimiento reciente de su padre y de su tío, el notario ALFREDO OCEGUEDA. Sin esa información, el dato queda flotando en el escándalo.

No se trata de defender ni de absolver a nadie. Se trata de reclamar rigor periodístico y transparencia institucional. Porque en este caso, más que una mansión de lujo, lo que tenemos es una cifra que exige explicación… y una Contraloría que guarda silencio.