Bajo La Lupa: Adán y Morón detrás del telón

Miscelánea política:

¿Pémex, deuda maldita o herencia estructural?

Morena propone castigar la sátira

Precariedad, impunidad y silencio social

El informe de gobierno presentado por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM en el Zócalo capitalino fue una escenografía ideológica, no una rendición técnica. Las cifras repetidas —las mismas que en Palacio Nacional y durante su gira por las 32 entidades— operaron como emblemas, no como novedades. El evento funcionó como ritual de legitimación, reafirmación del relato transformador y escenografía del poder territorial, corporativo y simbólico que sostiene al proyecto presidencial.

La narrativa giró en torno a la redistribución como principio rector, la continuidad del movimiento de transformación y la lucha contra la corrupción como escudo ético. Sin embargo, no se presentaron indicadores de impacto, ni evaluaciones independientes, ni desglose por beneficiarios. Las cifras operaron como mantra político, no como evidencia técnica.

Pero el mensaje más elocuente no estuvo en el micrófono, sino en la geografía del poder. Gobernadores, líderes sindicales y empresarios fueron ubicados cerca del templete presidencial, proyectando respaldo y gobernabilidad. En contraste, cuatro figuras clave del oficialismo fueron relegadas a zonas periféricas: ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN (“ANDY”), GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA y RAÚL MORÓN OROZCO.

ADÁN AUGUSTO, coordinador de los senadores de Morena, fue ubicado detrás de una valla, lejos del núcleo político. ANDY LÓPEZ BELTRÁN, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente, fue colocado en una zona alejada de los cercanos a SHEINBAUM, junto a LUISA MARÍA ALCALDE, con quien se le atribuyen diferencias internas. NOROÑA, por su parte, fue sentado en la sexta fila, aún más lejos, pese a su insistente protagonismo en la Cámara Alta. Y RAÚL MORÓN, figura clave en la geopolítica michoacana y promotor de cercanía con la presidenta, fue ubicado aún más atrás que ADÁN AUGUSTO, en una zona sin visibilidad política. ¿Pues no que muy cercano?

Este acomodo no fue casual. Fue un desaire público, una delimitación simbólica. En un evento donde la cercanía al poder se coreografía cuidadosamente, estar lejos del templete equivale a marcar distancia, señalar límites y evidenciar un alejamiento político. Es el costo reputacional de los escándalos recientes: el viaje de lujo de ANDY a Japón, el caso criminal que persigue al exsecretario de Seguridad de ADÁN AUGUSTO, las agresiones verbales de NOROÑA y la opacidad en el entorno político de MORÓN.

La escenografía del Zócalo se convierte así en mapa de poder: quién está cerca, quién está lejos, quién ha sido rehabilitado y quién ha sido marcado. El informe, entonces, deja más preguntas que respuestas: ¿Quiénes fueron invitados oficialmente y bajo qué criterios? ¿Dónde queda la lucha contra la corrupción cuando se normaliza la cercanía con actores señalados?

La prensa debe convertir la escenografía en inventario público; la sociedad, en exigencia ética. Porque detrás de cada cifra reciclada y cada ubicación en el templete, hay un mensaje político que merece ser leído con lupa.

PEMEX: ¿DEUDA MALDITA O HERENCIA ESTRUCTURAL?

Este domingo, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM calificó como “deuda maldita” el legado financiero que heredó Pemex de los gobiernos neoliberales. ¿Tiene razón? Sí, pero no del todo.

Desde 1982, la deuda bruta de Pemex pasó de ~100 mil millones a casi 2 billones de pesos. Los sexenios de SALINAS, ZEDILLO, FOX, CALDERÓN y PEÑA NIETO usaron a Pemex como caja fiscal, sin reinversión ni autonomía. La reforma energética de 2013 disparó la emisión de bonos, pero no mejoró la producción ni la rentabilidad.

Sin embargo, el gobierno de AMLO también agravó el problema: subsidios, refinación y caída de producción elevaron la deuda a 1.79 billones. SHEINBAUM hereda no solo deuda, sino pasivos con proveedores por más de 506 mil millones.

¿Es “maldita”? Sí, si se considera el abandono técnico y financiero. Pero también es estructural: Pemex fue desdibujado como empresa productiva y convertido en botín fiscal. La solución no está en el discurso, sino en la cirugía mayor

“MORENA PROPONE CASTIGAR LA SÁTIRA”

Lo que nos faltaba: otro intento de criminalizar la sátira bajo el disfraz de protección a la dignidad. La iniciativa del diputado morenista ARMANDO CORONA ARVIZU propone cárcel y multas para quienes elaboren o difundan memes, stickers o contenidos digitales que “ridiculicen” a una persona. El problema no es solo la ambigüedad del concepto de “ridiculización”, sino la omisión deliberada de excepciones para géneros periodísticos como la caricatura, que históricamente han sido herramientas legítimas de crítica social y política. ¿Está incluida la caricatura editorial como acto sancionable? El texto no lo aclara, y ese silencio es alarmante.

La propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 23 de septiembre, busca reformar el Código Penal Federal con penas de hasta seis años de prisión y 600 días de multa, agravadas si la víctima es menor, persona con discapacidad o servidor público. Pero al no distinguir entre sátira, parodia, crítica legítima y acoso digital, la iniciativa abre la puerta a la censura discrecional. En tiempos donde el deepfake y la manipulación digital requieren regulación seria, lo que se propone aquí es un garrote legal contra la libertad de expresión, especialmente incómodo cuando proviene del oficialismo.

PRECARIEDAD, IMPUNIDAD Y SILENCIO SOCIAL.

Una pregunta que ronda con frecuencia entre investigadores sociales, periodistas y ciudadanos críticos es: ¿por qué una sociedad como la mexicana, golpeada por la corrupción y la destrucción institucional, no reacciona con fuerza frente a sus gobernantes? La respuesta no es simple, pero sí urgente.

Varios estudios coinciden en que la precariedad económica inhibe la exigencia política. Cuando el ingreso apenas alcanza para sobrevivir, la indignación se convierte en un lujo. La ciudadanía se reduce a una rutina de subsistencia, donde el Estado es visto más como proveedor que como sujeto de escrutinio. En ese contexto, exigir transparencia o rendición de cuentas parece secundario, incluso riesgoso.

La pirámide de Maslow lo anticipó: sin seguridad alimentaria, vivienda digna o acceso a salud, difícilmente florece la participación cívica. Pero en México, esta lógica se ha institucionalizado. El clientelismo, disfrazado de política social, convierte al ciudadano en beneficiario cautivo. El voto se intercambia por apoyos, y la crítica se castiga con exclusión. Así, la corrupción no solo se tolera: se normaliza.

A esto se suma la impunidad, que opera como anestesia colectiva. Cuando más del 90% de los delitos no se castigan, como revelan diversos índices internacionales, la justicia deja de ser horizonte y se convierte en simulacro. La ciudadanía aprende que denunciar no sirve, que marchar no cambia nada, que exigir puede incluso ponerla en riesgo. La impunidad enseña que el poder no tiene consecuencias, y ese aprendizaje erosiona la cultura de legalidad, desactiva la esperanza y refuerza el cinismo. ¿Para qué exigir, si nadie cae?

El gobierno presume una reducción histórica de la pobreza: de 51.9 millones en 2018 a 38.5 millones en 2024, según cifras oficiales del INEGI y la Secretaría del Trabajo. Si esto es cierto, ¿la tesis de que la precariedad inhibe la exigencia ciudadana sigue siendo válida? Sí, pero con matices. Salir de la pobreza no implica automáticamente entrar en la ciudadanía activa. La pobreza multidimensional —que incluye acceso a salud, educación, seguridad social y vivienda— sigue afectando a millones. Además, buena parte de la mejora se atribuye a transferencias directas y aumentos al salario mínimo, lo que refuerza la dependencia del Estado. Es decir, se reduce la pobreza por ingreso, pero no necesariamente se fortalece la autonomía crítica frente al poder.

¿Hay salidas? Sí, pero requieren tiempo, pedagogía y voluntad. La educación cívica debe vincular derechos sociales con exigencia institucional. Las redes sociales, pese a sus riesgos, han abierto espacios de denuncia y organización. Y los movimientos sociales, aunque fragmentados, han demostrado que la indignación puede superar la precariedad.

La pregunta no es si la sociedad mexicana es indiferente, sino si se le ha permitido ser exigente. Porque cuando la sobrevivencia es la única meta, y la justicia es decorativa, la democracia se vuelve un ritual sin sustancia.

MISCELÁNEA POLÍTICA.

Morena Michoacán presume haber movilizado a 10 mil militantes al Zócalo para el informe presidencial. Entre viáticos en efectivo, renta de 300 autobuses y utilitarios, la operación costó al menos 10 millones de pesos. ¿De dónde salió el dinero? Las prerrogativas no alcanzan y el gasto no aparece en actividades partidistas justificables. ¿Acarreo con factura o con fe?

La Presidencia de la República convocó a audiencia pública sobre la reforma electoral este jueves 16 de octubre a las 17:30 h en el Centro de Convenciones de Morelia. Coordina LÁZARO CÁRDENAS BATEL y se esperan propuestas ciudadanas sobre partidos, financiamiento y representación. ¿Democracia participativa o simulacro plural? El foro será termómetro de inclusión real.

La encuesta de GobernArte: https://gobernarte.com.mx/ranking-presidentes-de-los-congresos-jucopo-4-de-septiembre-2025/ presume evaluar a la presidenta de la JUCOPO en Michoacán, FABIOLA ALANÍS, con apenas 28 michoacanos encuestados. No se sabe quiénes son, cómo fueron seleccionados ni si conocen siquiera al Congreso local. No se consultó a los 40 diputados de la 76 Legislatura, ni se cruzó con indicadores reales de desempeño. El resultado es una opinión abstracta sin sustento estadístico ni institucional.

No hay representatividad, no hay inferencia válida, no hay transparencia metodológica. Si el levantamiento fue vía app, se excluye a sectores sin acceso digital, agravando el sesgo. Esto no es demoscopía: es una pieza de posicionamiento político disfrazada de encuesta. Si así se construyen liderazgos, que alguien le devuelva el diccionario a GobernArte.

Aunque el SUEUM afirma haber “diferido” su emplazamiento a huelga por estrategia legal, documentos oficiales revelan que la Junta Laboral lo rechazó por tratarse de un juicio ya resuelto y archivado desde 2023. No hubo diferimiento voluntario, sino negativa jurídica. El sindicato deberá esperar la revisión contractual anual para reactivar sus demandas.

Mientras la vía jurídica quedó cerrada, EDUARDO TENA FLORES recurre a la agitación política para encubrir su desgaste y opacidad. En lugar de transparentar el manejo de las Ayudas Sindicales, lanza ataques personales contra la rectora YARABÍ ÁVILA, buscando distraer a sus agremiados. El discurso beligerante no es defensa sindical, sino cortina de humo para ocultar cuentas pendientes.