Bajo La Lupa: Patrimonio en venta, futuro en duda.

Escribe Armando Saavedra Magaña

*VOLUNTAD POLÍTICA, LA DEUDA PENDIENTE ATEM.
*MISCELÁNEA POLÍTICA.

La decisión de poner en el mercado parte del patrimonio inmobiliario estatal abre un debate que no puede soslayarse: ¿cómo es posible que se hable de vender bienes públicos sin tener claridad sobre su valor real ni sobre el destino específico de los recursos que se obtendrían? El planteamiento de que “se invertirán en infraestructura” resulta demasiado vago y deja más preguntas que respuestas.

Un proceso de enajenación de este calibre debería estar acompañado de proyectos ejecutivos ya definidos, con presupuestos detallados y con una planeación transparente que permita a la ciudadanía conocer qué obras se realizarán, en qué municipios y bajo qué criterios de prioridad. De lo contrario, se corre el riesgo de que la venta de inmuebles se convierta en un simple mecanismo de obtención de liquidez, sin garantizar que el dinero se traduzca en beneficios tangibles para la población.

Además, la falta de avalúos comerciales actualizados genera incertidumbre. Sin un diagnóstico claro del valor de cada propiedad, no se puede asegurar que el Estado obtenga un precio justo ni que se eviten operaciones por debajo del mercado. La transparencia no se limita a realizar licitaciones públicas; también implica dar certeza sobre los montos, los compradores y, sobre todo, el uso final de los recursos.

En suma, lo que hoy se presenta como una estrategia para aprovechar bienes improductivos, en realidad abre un flanco de dudas: ¿cuánto valen esos inmuebles?, ¿qué proyectos de infraestructura están listos para recibir financiamiento?, ¿cómo se garantizará que el dinero no se diluya en gastos corrientes? Sin respuestas claras, el discurso de modernización patrimonial corre el riesgo de quedarse en una promesa sin sustento.

VOLUNTAD POLÍTICA, LA DEUDA PENDIENTE ATEM.

La exigencia de voluntad política que plantea la Asociación de Trabajadores de Michoacán no es un mero recurso retórico, sino la síntesis de un cúmulo de demandas que llevan años sin resolverse. Entre ellas destaca la homologación de prestaciones para cerca de cuatro mil trabajadores del sector salud, cuyo costo anual ronda los 120 millones de pesos, una cifra que en comparación con el presupuesto estatal no resulta desproporcionada, pero que ha sido postergada reiteradamente. A esto se suma la exigencia de que se priorice a los trabajadores michoacanos en los procesos de contratación derivados de la transición hacia el esquema de IMSS-Bienestar, pues existe el temor de que las plazas terminen en manos de personal externo, dejando en la incertidumbre a quienes han sostenido los servicios de salud en la entidad durante décadas.

La ATEM también ha señalado la falta de diálogo directo con el Ejecutivo estatal, lo que ha derivado en movilizaciones y marchas para visibilizar la ausencia de acercamiento en casi cuatro años de administración. En este contexto, la petición de voluntad política se traduce en la necesidad de que el gobierno deje de postergar acuerdos y se siente a negociar con seriedad, mostrando disposición para atender tanto los temas mayores como los menores que afectan la estabilidad laboral. La agenda sindical no se limita a prestaciones económicas, sino que incluye la exigencia de respeto a los derechos adquiridos, la solución de conflictos internos en dependencias y la garantía de que los recursos humanos locales sean reconocidos y aprovechados.

Lo que se reclama, en suma, es un compromiso real que vaya más allá de los discursos y que se refleje en acciones concretas: presupuestos asignados, mesas de negociación efectivas y decisiones administrativas que generen confianza. Sin esa voluntad política, la relación entre el gobierno y los trabajadores seguirá marcada por la confrontación y la desconfianza, en lugar de avanzar hacia la construcción de acuerdos que fortalezcan la gobernabilidad y la justicia laboral en Michoacán.

MISCELÁNEA POLÍTICA.

*El gobierno organizó un concierto con boletos pagados en especie: toallas sanitarias. Miles de paquetes recolectados, todo muy solidario… hasta que la secretaria del Bienestar, ALEJANDRA ANGUIANO, decidió repartirlos como si fueran regalos personales. O sea, la ciudadanía dona, el Estado organiza, pero ella se lleva el crédito. Una campaña política disfrazada de altruismo: el clásico “yo te doy, pero no te digo de dónde salió”. Transparencia nivel Houdini.

*El doctor J. GUADALUPE HERNÁNDEZ ALCALÁ, conocido como “Lupo”, tiene una trayectoria amplia en el servicio público y en la política michoacana. Es médico cirujano y otorrinolaringólogo egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con posgrado en la especialidad y estudios de maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Fue diputado federal por el PRD en la LXIII Legislatura, donde participó en comisiones de salud, desarrollo municipal y agricultura. Además, se desempeñó como director general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) en Michoacán, y previamente ocupó cargos de liderazgo dentro del PRD, incluyendo la presidencia estatal del partido.

Su actual aspiración a encabezar la Sección XX del Sindicato de Trabajadores del IMSS en Michoacán ha reactivado cuestionamientos sobre su paso por el Seguro Popular y la Secretaría de Salud, donde algunos críticos señalan que su gestión dejó pendientes en materia de transparencia y resultados. Estos antecedentes forman parte del debate interno en torno a su candidatura sindical.

*Los resultados que presenta POLLS.MX parecen, a primera vista, impecables: un modelo bayesiano dinámico, referencias académicas, gráficas con bandas de incertidumbre y un lenguaje técnico que transmite seriedad. Todo ello luce como alguien muy bien vestido, cuidadosamente maquillado y preparado para impresionar. Sin embargo, cuando se quita ese ropaje elegante, lo que queda al descubierto son puras miserias: no sabemos qué encuestas se incluyen, no se transparentan las fuentes, ni se aporta evidencia concreta del origen de los datos que procesan. En otras palabras, la fachada es sofisticada, pero detrás de ella no hay sustento verificable.

Y lo más grave es que la clase política no se preocupa por la autenticidad ni por el valor real de estos resultados, porque ese no es su objetivo. Lo que buscan es posicionamiento mediático. ¡Ha! “Mira, va encabezando las preferencias electorales”, dicen, y con eso basta para construir un relato de ventaja. De ahí en adelante, todo es espectáculo mediático, reitero, sin importar la validez de lo publicado. La apariencia deslumbra, pero la sustancia decepciona, y nuestros lectores deben saberlo.

*Resulta que en Michoacán quieren tipificar el “stealthing” —ese acto de quitarse el condón sin consentimiento— como violencia sexual. La diputada BUGARINI lo presentó con discursos de dignidad y derechos humanos, muy solemne . El problema es que abogados y médicos ya se están arrancando los cabellos: ¿cómo se prueba el delito?, ¿qué pasa si el condón se rompe solo?, ¿y si alguien simula la acusación? En resumen: la iniciativa busca proteger el consentimiento, pero abre un campo minado de debates legales y médicos. O sea, la intención es buena… la ejecución parece un episodio de “La Ley y el Orden” versión tropical.

*El Congreso de Michoacán quiere adelantarse a las campañas de 2027 con una reforma que prohíba el uso de deepfakes y clonación digital para manipular reputaciones, sobre todo de mujeres. Suena moderno y protector, pero los juristas ya levantan la ceja: la Constitución garantiza la libertad de expresión y cualquier norma que limite la creación o difusión de contenidos debe ser clara, proporcional y no ambigua. Organizaciones como Artículo 19 y hasta la CNDH han advertido que iniciativas similares en el estado han terminado criminalizando expresiones legítimas, con redacciones tan vagas que podrían censurar periodismo, sátira o crítica política .

*En términos constitucionales, el riesgo es que el blindaje se convierta en mordaza: si la ley no distingue entre manipulación dolosa y creación artística o crítica, se violan los principios de legalidad y certeza jurídica. La Suprema Corte ya ha recibido acciones de inconstitucionalidad contra reformas michoacanas por vulnerar la libertad de expresión, lo que muestra que el terreno es resbaladizo . En resumen: la iniciativa busca proteger a las mujeres de la violencia digital, pero podría terminar siendo un filtro político para controlar el discurso rumbo a 2027.

*La renuncia de JORGE ALBERTO ESPINOZA SÁNCHEZ como Director de Seguridad Pública en Zamora exhibe la fractura entre la conducción técnica y la política municipal. Cuatro directores en cuatro años reflejan un patrón de inestabilidad que erosiona la confianza ciudadana y la moral interna de la corporación. La ausencia del alcalde en las mesas de seguridad y la intromisión política en decisiones operativas profundizan la crisis. El relevo militar ya está listo, pero el trámite en cabildo será meramente formal. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿quién conduce realmente la estrategia de seguridad y bajo qué intereses?

En Morelia, las autoridades presumen grandes proyectos de movilidad: pasos a desnivel, distribuidores viales y hasta un teleférico que promete modernidad. Sin embargo, la verdadera movilidad no se mide en obras vistosas, sino en la capacidad de dirigir el tráfico con inteligencia. Con más de 640 mil automotores registrados, la ciudad requiere ingeniería vial, diagramas de flujo y semáforos adaptados a las horas pico. Mientras se privilegie el brillo político sobre la eficacia técnica, los ciudadanos seguirán atrapados en un caos que podría resolverse con planeación y dirección real del tránsito.