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Por Unanimidad Congreso De Michoacán Aprueba Ley De Búsqueda De Personas Desaparecidas

STAFF/@Marina Alejandra Martínez

Después de más de seis horas de lectura, discusión y posicionamientos, los integrantes de la 76 Legislatura aprobaron por unanimidad la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con 27 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La discusión del dictamen comenzó a las 13:30 horas y concluyó con su aprobación a las 19:10 horas, luego de que legisladores de distintas fuerzas políticas expusieran sus argumentos sobre los alcances de la nueva legislación.

Durante el debate, el diputado priista Guillermo Valencia Reyes subió a tribuna para razonar su voto a favor.

Sin embargo, advirtió que Michoacán y México enfrentan una crisis que no podrá resolverse únicamente mediante la aprobación de una ley.

«El problema no se va a resolver con una ley. Tal vez sea lo más cercano a lo que nosotros podamos hacer para resolver su problema. Así como ustedes tienen un grave problema, hay muchas familias que hoy están siendo desplazadas y que están también perdiendo a sus hijos, hijos que son reclutados a pelear una guerra que no saben por qué están peleando, que no tienen ninguna razón ideológica siquiera», señaló.

Valencia Reyes lamentó que la legislación no garantice por sí misma el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Sostuvo que cualquier ley se convierte en letra muerta si sus disposiciones no se llevan a la práctica.

Por su parte, el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Iván Arévalo Vera, celebró que el nuevo ordenamiento fortalezca los registros, la protección de las personas buscadoras y la coordinación entre las distintas instituciones involucradas.

«Esta ley responsabiliza y da castigos administrativos y, en consecuencia, da lugar a sanciones administrativas, esto sin perjuicio de las acciones penales que correspondan», señaló.

El legislador consideró necesario que Michoacán cuente con un marco normativo efectivo que proporcione las herramientas jurídicas indispensables para proteger a las personas buscadoras y atender la problemática de las desapariciones.

En tanto, la diputada panista Vanessa Caratachea advirtió que México atraviesa una crisis humanitaria, con más de 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil sin identificar.

«Esta ley exhibe la falta de presupuesto y personal especializado, deficiencias en el manejo de información genética y obstáculos en los procesos de identificación humana. Y en el párrafo 61 de esas observaciones se recoge un reconocimiento particularmente significativo: el propio Estado mexicano ha reconocido que enfrenta una crisis forense. La imposibilidad de identificar miles de cuerpos constituye una de las dimensiones más graves de esta tragedia. No se trata de quién pronuncia la palabra crisis, se trata de las personas que continúan desaparecidas, de las familias que siguen buscando y de las instituciones que deben responder», indicó.

Caratachea también cuestionó que el gobierno actual continúe responsabilizando a las administraciones anteriores para justificar sus propias omisiones.

La ley estuvo ocho años en espera de su aprobación, no obstante, es hasta la presente legislatura que se aprueba, pero aún falta que se le dote de recursos públics.

De acuerdo con los legisladores, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Michoacán establece un marco jurídico para garantizar que las acciones de localización sean inmediatas, ordenadas y especializadas, además de regular la atención de los delitos relacionados con la desaparición.

Entre sus principales objetivos se encuentran la protección de los derechos humanos, la participación de las familias, la colaboración entre instituciones, el acceso a información que permita identificar a las personas y la reparación integral de las víctimas.

El ordenamiento establece obligaciones y sanciones para las autoridades y los particulares que incumplan sus disposiciones.

Entre sus mecanismos destaca la creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, encargado de organizar y coordinar las acciones de las autoridades competentes.

También contempla la implementación de la Alerta Estatal de Búsqueda, que deberá activarse ante la noticia, el reporte o la denuncia de una persona desaparecida o no localizada, conforme al protocolo correspondiente.

Asimismo, establece la integración de un registro de personas desaparecidas.

Sobre este mecanismo, el diputado ecologista David Martínez Gowman manifestó que el registro regulará las bases de datos necesarias para compartir información y facilitar las labores de búsqueda e identificación.

«Este registro regula los registros y las bases de datos que permiten compartir información para facilitar la búsqueda e identificación. Participación de familias, reconoce su derecho a participar en las acciones de búsqueda e investigación, aportar información, recibir noticias sobre los avances y colaborar con las autoridades», manifestó.

En materia de obligaciones, la ley dispone que las instituciones públicas y privadas que posean información útil para la búsqueda deberán permitir su consulta conforme a las disposiciones legales.

Esto incluye registros biométricos, datos de hospitales, centros de detención, servicios forenses, instituciones de salud y otras bases de datos consideradas relevantes.

Respecto de las sanciones, el incumplimiento injustificado de las obligaciones establecidas en la ley por parte de servidores públicos podrá constituir una falta grave y derivar en sanciones administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes.

Los particulares también podrán ser sancionados cuando se nieguen a proporcionar o actualizar información si están legalmente obligados a hacerlo.

De igual manera, se considera grave utilizar la Plataforma Única de Identidad o la información obtenida mediante ella para fines distintos de los autorizados.

Al resumir los alcances del ordenamiento, se destacó que este establece un marco jurídico para garantizar una búsqueda coordinada, inmediata y especializada, así como la investigación de los delitos relacionados con la desaparición.

Entre sus ejes centrales figuran la protección de los derechos humanos, la participación de las familias, la colaboración institucional, el acceso a información para la identificación de personas y la reparación integral de las víctimas.

Ante las voces que han desaprobado la legislación y amagado con promover recursos legales para echarla abajo, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, sostuvo que los diputados no son «todólogos».

No obstante, defendió la aprobación del ordenamiento y afirmó que pueden realizarse modificaciones para mejorarlo.

Una vez aprobada por el Pleno, la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

La Comisión de Búsqueda contará con 120 días hábiles para realizar las adecuaciones correspondientes al decreto, mientras que se dispondrá de 180 días para expedir el reglamento de la legislación.

Además, los recursos públicos necesarios para su funcionamiento deberán analizarse dentro del paquete fiscal correspondiente al ejercicio 2027.

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