STAFF/@Marina Alejandra Martínez
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, propuso que la denominada «rasuradora económica» no sólo se aplique al Poder Legislativo, sino también al resto de los poderes públicos y órganos autónomos, a fin de que el plan de austeridad sea general y no una medida exclusiva para el Parlamento michoacano.
En conferencia de prensa, el legislador del Partido del Trabajo (PT) presentó un documento enviado por el Poder Ejecutivo, firmado por Marco Antonio Flores Mejía, director de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado, fechado el 23 de julio, mediante el cual se solicita que, con base en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto del Congreso no exceda el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal a partir del ejercicio fiscal 2027.
Gaona García criticó que el Gobierno de Michoacán pretenda adelantar la aplicación de esa disposición constitucional, al señalar que legalmente dicha reducción presupuestal está prevista para entrar en vigor hasta la siguiente Legislatura.
Por ello, sostuvo que, si existe la intención de anticipar el ajuste presupuestal, éste también debe alcanzar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los organismos autónomos.
«Porque debe aplicar a todo el Estado, pero que sea para todo el Estado, para que sea un plan de a de veras, no simulado, que sea en realidad. Que sea Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, para que sea de a de veras. Incluso hay que revisar la nómina magisterial para que no haya aviadores», exigió.
El legislador detalló que el Presupuesto de Egresos de Michoacán para 2027 asciende a 107 mil 884 millones 611 mil pesos, mientras que al Congreso del Estado le corresponderían mil 209 millones de pesos.
Con la aplicación del nuevo criterio, el presupuesto del Legislativo se reduciría a 755 millones 192 mil pesos, es decir, 453 millones 922 mil pesos menos, lo que representa una disminución del 37.54 por ciento.
Gaona García advirtió que un recorte de esa magnitud afectaría el funcionamiento financiero del Congreso, incluyendo el cumplimiento de compromisos con proveedores, convenios con medios de comunicación, incrementos salariales para los trabajadores y el pago de demandas laborales.
Asimismo, informó que actualmente el Congreso enfrenta al menos 110 laudos laborales y señaló que, mientras algunos se resuelven, continúan surgiendo nuevos litigios.
Indicó que para el próximo año el Poder Legislativo requeriría al menos 150 millones de pesos adicionales, pues con la reducción presupuestal sería necesario despedir a un número importante de trabajadores de confianza, cubrir sus finiquitos y enfrentar una nueva ola de demandas laborales.
