STAFF/ Marina Alejandra Martínez
El Congreso del Estado analiza la denominada Ley Oliver, cuyo propósito central es atribuir responsabilidades directas y legales a instituciones educativas, municipios y dependencias para prevenir, detectar y combatir la violencia entre jóvenes con vínculos de confianza como la amistad, el noviazgo, la convivencia cotidiana o el compañerismo.
La iniciativa fue presentada por Elena Laura Valle Cuadra, madre de Oliver, joven de 26 años asesinado en 2022 por una supuesta amiga que le debía 100 mil pesos.
El proyecto propone adicionar un capítulo décimo sobre la prevención y atención de violencia letal entre personas con vínculos de confianza, además de incorporar diversos artículos a la Ley de Jóvenes del Estado.
El diputado petista Hugo Ernesto Rangel Vargas y legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) respaldaron la propuesta.
Oliver fue citado por la presunta amiga en su domicilio, bajo el pretexto de pagarle la deuda mencionada.
Once días después, su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina en la propiedad de los padres de la agresora, presentaba un disparo en la cabeza y había sido carbonizado, aunque pudo ser identificado mediante pruebas de ADN.
El legislador Rangel Vargas señaló que la iniciativa busca honrar la memoria de Oliver como símbolo de alerta social.
Subrayó que es momento de “aprender a ver el riesgo donde parecía haber confianza y proteger a las juventudes mediante educación, prevención y justicia efectiva”.
La ley —dijo— establecerá mecanismos preventivos, educativos y públicos para enfrentar los riesgos que surgen en las relaciones de confianza, fomentando una cultura de paz, empatía y responsabilidad frente a la violencia entre pares.
El dictamen recuerda que, durante 2024, Michoacán fue la segunda entidad con mayor número de homicidios con arma de fuego y homicidios dolosos contra adolescentes.
Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, ese año 2 mil 568 menores de 17 años fueron víctimas de homicidio doloso; mil 965 hombres y 503 mujeres.
La iniciativa busca que el Instituto de la Juventud deje de ser una dependencia ornamental y asuma un papel protagónico y eficaz en la prevención de la violencia letal entre jóvenes.
Tendrá influencia en instituciones educativas públicas y privadas, dependencias estatales, municipios y espacios donde existan relaciones interpersonales regulares, con el objetivo de instaurar programas permanentes de educación emocional, resolución pacífica de conflictos, detección de señales de riesgo, y mecanismos seguros de denuncia.
También se plantea la creación de comités de atención psicológica y jurídica con facultades para reportar riesgos a las autoridades competentes.
Además, se desarrollará un Banco Estatal de casos de violencia letal entre pares para estudiar patrones y mejorar las políticas públicas.
Finalmente, se instituirá el Día Estatal por la Prevención de la Violencia entre Jóvenes, en memoria de las víctimas, fecha en la que el Instituto llevará a cabo actividades de concientización y educación emocional que promuevan la empatía, el respeto y la resolución pacífica de conflictos.
