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En la propuesta económica 2026, entregada el lunes 8 de septiembre en la Cámara de Diputados, se incluye un impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, tanto en formato físico como digital, incluso en plataformas extranjeras que operan en México.
De acuerdo con la iniciativa presentada por el gobierno federal, el objetivo no es prohibir estos títulos, sino reducir su consumo entre menores de edad y promover decisiones de compra más conscientes. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida como una acción preventiva: “Es un instrumento con función inhibitoria, no prohibitiva”, señala el documento entregado a la Cámara de Diputados.
El proyecto cita datos de The Competitive Intelligence Unit, que muestran que en México los géneros más jugados son acción/aventura, estrategia y disparos, y que gran parte de los títulos más populares tienen componentes violentos. Además, advierte que, pese a las clasificaciones C y D, muchos niños y adolescentes acceden a estos juegos mediante descargas digitales, escapando del control parental.
La industria de videojuegos en México supera los 2,300 millones de dólares y cuenta con 76 millones de jugadores activos, colocándose como el décimo mercado mundial y el primero en América Latina. Con esta nueva medida, Hacienda estima recaudar 183 millones de pesos en 2026.
En lo legal, la propuesta incluye adecuaciones a la Ley del IEPS para establecer el nuevo gravamen y obliga a plataformas extranjeras a registrarse ante el SAT, designar representante legal y reportar información de usuarios.
Dicho impuesto busca recaudar más recursos, mientras que se buscará frenar la exposición de menores a contenidos violentos en el gaming.
